Montero reclama un ''diálogo serio'' sobre el déficit y la financiación en el próximo Consejo de Política Fiscal
La Junta hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales para consensuar una posición común en defensa de los intereses de Andalucía
12/04/2016
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre la repercusión de la exigencia de no disponibilidad de crédito, que pretende imponer el Gobierno central a las comunidades autónomas y que en Andalucía obligaría a recortar 600 millones del presupuesto vigente.
Montero ha reiterado el compromiso de que la Junta "no va a hacer ningún recorte ni va a permitir un desmantelamiento del Estado de bienestar". Además, ha subrayado la importancia de alcanzar una posición común de todas las fuerzas políticas y sociales de Andalucía para reclamar que se abra un "diálogo serio" sobre el reparto de los objetivos de déficit y la financiación autonómica en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para el viernes 15 de abril.
El informe presentado alerta sobre la gravedad de la situación que se plantea "por la irresponsabilidad del Gobierno que intenta tapar sus vergüenzas a costa de inflar la mala reputación de las comunidades". Según la titular de Hacienda y Administración Pública, esta estrategia elude responsabilidades culpando del déficit a las comunidades y utiliza "mano de hierro contra una arquitectura constitucional en la que nunca creyeron", al tiempo que impide que la recuperación económica se traslade a las personas.
María Jesús Montero ha señalado que los recursos disponibles se incorporaron al presupuesto autonómico de 2016 con el objetivo principal de que la mejora económica incidiera en un aumento de las partidas de sanidad, educación, dependencia y recuperación de los derechos de los empleados públicos. Por tanto, "hacer ahora un acuerdo de no disponibilidad es recortar, y no lo vamos a hacer, como ha garantizado la presidenta de la Junta de Andalucía".
La consejera ha advertido de que, si el Ejecutivo central está negociando más margen en el objetivo de déficit, ese acuerdo "no puede ser a costa de un recorte en la educación y la sanidad que prestamos las comunidades". En este sentido, ha subrayado que el Gobierno de España tiene que asumir su responsabilidad por las decisiones que ha adoptado, como "realizar un reparto desequilibrado del objetivo de déficit para disponer de un margen para promesas electorales" o "poner en riesgo el sistema de pensiones por olvidarse de la Seguridad Social", que ha ido acumulando un déficit como consecuencia de su infradotación presupuestaria; la mala calidad del empleo por los menores salarios y la temporalidad, y las medidas adicionales de bajada de cotizaciones a los empresarios sin compensar con los Presupuestos Generales del Estado.
"Si la Administración central hubiera reducido su déficit durante los últimos años en proporción similar a Andalucía, habría bastado para cumplir con el objetivo fijado para el Reino de España por la Unión Europea", ha explicado María Jesús Montero.
Comunidad solvente
El informe presentado avala con numerosos datos la solvencia de Andalucía y destaca su posición como tercera comunidad de régimen común con menor déficit. El ejercicio de 2015 se cerró con una cifra provisional del 1,13%, medio punto por debajo del 1,66% de la media de las comunidades y muy lejos del 2,6% de la Administración General del Estado.
Por su parte, el endeudamiento se situó 2,6 puntos por debajo de la media y un periodo medio de pago en el límite de los 30 días que marca la ley, "pese al castigo que supone el actual modelo de financiación autonómica".
El déficit de Andalucía supone actualmente sólo una tercera parte de lo que representaba en 2011, ya que se ha conseguido una reducción superior a los 3.200 millones de euros: desde 4.873 millones a 1.635 millones. Este descenso, del 67%, evidencia el intenso ajuste realizado en la comunidad durante la crisis.
El informe pone de manifiesto que el esfuerzo andaluz mejora las cifras de España y que, si todas las comunidades lo hubieran realizado en la misma medida, el déficit agregado en 2015 habría sido del 1,07% del PIB en lugar del 1,66% con el que se ha cerrado el año. No obstante, Montero ha reiterado que se trata de un dato provisional y que el Ejecutivo andaluz espera que pueda corregirse a la baja, pues se ha visto afectado por "decisiones arbitrarias del Gobierno central" como computar a efectos de déficit el gasto para los tratamientos de la hepatitis C (casi 200 millones de euros) y la liquidación negativa del sistema de financiación correspondiente a 2013 (265 millones).
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