El Consejo rechaza la tramitación de la proposición de ley de medidas en el tramo autonómico de IRPF presentada por el PP.
La propuesta carece de la valoración del impacto económico que supondría su aplicación e implica una disminución de los ingresos presupuestarios.
27/10/2015
El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio contrario a la toma en consideración y a la tramitación de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a las medidas tributarias en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El Gobierno andaluz señala que el texto carece de la valoración económica o memoria razonada de los efectos que tendría su aplicación sobre los ingresos públicos, que sufrirían una merma en el ejercicio presupuestario de 2016. Básicamente, la propuesta consiste en la variación de los tipos impositivos y en la modificación y creación de deducciones y beneficios fiscales.
El Ejecutivo ha considerado que la adopción de medidas no cuantificadas, pero con evidente repercusión negativa sobre los ingresos, situaría a la comunidad en un escenario de incertidumbre respecto al cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública. Además, la proposición debería plantearse en el marco del debate parlamentario del proyecto de Ley del Presupuesto para 2016, dado que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, es esta norma la que incluye "la totalidad de los ingresos y gastos de la Junta de Andalucía y de sus organismos públicos y demás entes", así como "el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios".
Al margen de esta argumentación, el Gobierno andaluz recuerda que precisamente el proyecto de las cuentas de la comunidad para el próximo ejercicio incorpora una reducción de tipos de gravamen en el tramo autonómico del IRPF para las rentas medias y bajas, en cumplimiento del compromiso adoptado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su discurso de investidura del pasado 4 de mayo. Esta rebaja supondrá un ahorro de unos 120 millones de euros para los andaluces cuyas rentas no exceden de los 60.000 euros anuales.
El reglamento de la Cámara andaluza establece que el Consejo de Gobierno debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración y a la tramitación de una proposición de ley si implica un aumento de créditos o una disminución de ingresos presupuestarios. Con ello se trata de asegurar que el Ejecutivo pueda llevar a cabo su programa político mediante la ejecución del presupuesto, sin que otras iniciativas legislativas le impidan desarrollarlo o le hagan perder el control sobre los medios económicos comprometidos para su ejecución.
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